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La polémica urbanización de Candeleda, que pretendía ubicarse en el paraje de Navalpilón y cuya promotora es Dávila Monteblanco, sienta este jueves antes los tribunales a cuatro imputados para la toma de las primeras declaraciones.
En el Juzgado de Instrucción número 2 de Arenas de San Pedro deberán comparecer el que fuera alcalde de la localidad con el PP, José Antonio Pérez Suárez, en la actualidad concejal de Candidatura Independiente; el ex jefe territorial de Medio Ambiente, Juan Manuel Pardo Ontoria -ambos están imputados también en el caso de la Ciudad del Golf de Las Navas del Marqués-; y los promotores de la urbanización Candelas de Gredos, Juan Carlos Jiménez y Margarita Senovilla.
Como testigos se ha llamado a declarar también al actual regidor, Miguel Hernández Alocojor, y José María Monforte, al frente del PP de Candeleda.
Recalificación sin Declaración de Impacto Ambiental
Pérez Suárez era alcalde de la localidad cuando se aprobaron las normas urbanísticas en las que se daba vía libre a la urbanización. Era, además, miembro de la Comisión Territorial de Urbanismo cuando se aprobó el plan parcial, con la recalificación de dos zonas alejadas del casco urbano, en los parajes de Navalpilón y La Lagunilla. Fueron en total 120 hectáreas las recalificadas -26 de ellas en Navalpilón, donde pretende construirse la urbanización, con más de 400 viviendas y un hotel-, sin la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental.
En cuanto a Juan Manuel Pardo, informó favorablemente la ocupación de monte público para realizar las obras de abastecimiento, dentro del Parque Regional de Gredos.
Cabe destacar que, tras el archivo de las denuncias presentadas por la Plataforma contra la Especulación Urbanística de Candeleda, la Sociedad Cooperativa de Caprino y la asociación Cinclus en torno a las posibles irregularidades en la tramitación del proyecto urbanístico, la Audiencia Provincial de Ávila consideró "prematuro" que se cerraran las diligencias y ordenó al juzgado que continuara con la investigación.
La denuncia era relativa a las obras de canalización y suministro de agua para la urbanización, tomándolo desde el arroyo Castañarejo, dentro del Parque Regional de la Sierra de Gredos, y obviando la evaluación de impacto ambiental, y a la posibilidad de que Dávila Monteblanco utilizara información privilegiada al comprar a precio de rústico los terrenos, que en menos de un año fueron incluidos en el plan parcial.
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